Ciudad de México.- La diputada Sandra Paola González Castañeda impulsa un punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo federal a implantar un método de control, revisión y supervisión en el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, a fin de salvaguardar el interés superior de la niñez y garantizar la protección de menores beneficiarios.
También pide que el mecanismo no sea parte del DIF y establecer, por medio de la Secretaría de Bienestar, los lineamientos de los requisitos a cubrir por los particulares que pretendan brindar los cuidados a los menores en dicho programa, y las sanciones que se aplicarían a madres, padres o tutores de los beneficiarios que hagan mal uso del apoyo económico.
Solicita al Ejecutivo federal que autorice la operación de estancias infantiles que no participaron en actos de corrupción y generar una identificación como estancias infantiles de confianza y seguras, avaladas por la Secretaría de Bienestar.
La legisladora refirió que recientemente el gobierno federal decidió modificar el esquema de operación de las estancias infantiles, el cual implica que la entrega de los recursos destinados a este programa se haga directamente a madres y padres beneficiarios, pero “no garantiza quién se hará cargo de revisar el cuidado de las y los menores y tampoco un esquema que garantice la evaluación y revisión de las personas que tendrán a su cargo el cuidado de las y los niños.
Consideró que las bases del programa se contraponen con lo establecido referente a la corrupción de las estancias infantiles, en el sentido de poner como opción las que han infringido las reglas de operación del programa correspondientes a 2018, “ya que si bien es cierto que no todas presentaron condiciones de corrupción, no advierten un método sobre la identificación de las que sí cumplieron lícitamente en sus servicios”.
González Castañeda subrayó que la Secretaría de Bienestar omite garantizar el aseguramiento de los menores hijos e hijas de las madres trabajadoras, “al no proponer un sistema que garantice la vigilancia y protección para los menores que sus madres hayan optado por dejarlos al cuidado de un familiar o persona de su confianza, violando con esto el interés superior del menor, consagrado constitucional e internacionalmente”.
